En referencia al concurso de la Cátedra de Literatura Latinoamericana II
En la sesión del Consejo Directivo del 21 de abril pasado, con la presencia y participación de la doctora Ana María Zubieta, en carácter de consejera directiva (y Vice-decana), se procedió a votar lo aconsejado por la mayoría en la Comisión de Interpretación y Reglamento. Por pedido de la minoría de profesores, la votación tuvo carácter nominal: la doctora Zubieta votó, y con su voto – violatorio del principio administrativo que prevé distintas instancias de control en los concursos públicos – logró que se alcanzaran los 9 votos necesarios para aprobar el dictamen mayoritario. En síntesis: la doctora Zubieta integró el jurado y luego votó como consejera directiva aprobando su propio dictamen.
Esta transgresión aberrante desde el punto de vista jurídico y ético configura una causa de nulidad fundada en una vicio grave de procedimiento, ya que no hay código, reglamento, estatuto, tratado, o compilación normativa, que al momento de contemplar la posibilidad de apelación no reserve a quien se le otorgare ese derecho la posibilidad de un control imparcial de quienes lo hayan juzgado. La garantía de una revisión imparcial, obviamente se incumple y queda por ello irremediablemente afectado el procedimiento cuando una misma persona debe decidir la pertinencia de su propia actuación en otra instancia. Esa situación éticamente incómoda e impropia genera una violencia que lógicamente afecta la capacidad de conocimiento para emitir un voto donde la imparcialidad esté ajena de toda sospecha.
Y, consecuentemente, el Doctor Ferro en su impugnación también rechaza la ampliación del dictamen del jurado de acuerdo con el expediente N° 848.946/08 por estar fundamentada en tergiversaciones, subterfugios, omisiones, falacias y distorsiones, que constituyen un verdadero modelo de falsedad ideológica y de arbitrariedad manifiesta.
Esta transgresión aberrante desde el punto de vista jurídico y ético configura una causa de nulidad fundada en una vicio grave de procedimiento, ya que no hay código, reglamento, estatuto, tratado, o compilación normativa, que al momento de contemplar la posibilidad de apelación no reserve a quien se le otorgare ese derecho la posibilidad de un control imparcial de quienes lo hayan juzgado. La garantía de una revisión imparcial, obviamente se incumple y queda por ello irremediablemente afectado el procedimiento cuando una misma persona debe decidir la pertinencia de su propia actuación en otra instancia. Esa situación éticamente incómoda e impropia genera una violencia que lógicamente afecta la capacidad de conocimiento para emitir un voto donde la imparcialidad esté ajena de toda sospecha.
Y, consecuentemente, el Doctor Ferro en su impugnación también rechaza la ampliación del dictamen del jurado de acuerdo con el expediente N° 848.946/08 por estar fundamentada en tergiversaciones, subterfugios, omisiones, falacias y distorsiones, que constituyen un verdadero modelo de falsedad ideológica y de arbitrariedad manifiesta.
El documento completo del caso, se puede leer en:
Revista de literatura, especializada en literatura latinoamericana.
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